Créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar a los funcionarios públicos no gozan de preferencia alguna para ser descontados de sus remuneraciones, dictamina la Contraloría.

El Servicio de Salud de Coquimbo solicitó a la Contraloría pronunciamiento a fin de que se determine si los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar mantienen la preferencia prevista en el artículo 69 de la Ley 18.833 (Establece un Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar), que indica que los “créditos de las cajas de compensación derivados de prestaciones de seguridad social de los regímenes que administren y contra cualquier persona, quedaran comprendidos en la sexta causa del artículo 2472 del Código Civil”, al efectuar los descuentos voluntarios en las remuneraciones de los funcionarios públicos.

En el supuesto de que no posean dicha preferencia, solicita que se precise si corresponde que las Cajas concurran a los descuentos en igualdad de condiciones, cuya prioridad sería determinada por la antigüedad del crédito.

El Contralor menciona que a través del dictamen N°3.646 del 2017 se reconsideró la jurisprudencia administrativa vigente de la época, al establecerse que “(…) los descuentos para el pago de los créditos sociales en favor de las cajas de compensación de asignación familiar, al ser fijados por un acuerdo entre el empleado y el acreedor, tiene el carácter de voluntarios y, por ende, se encuentran afectos al límite del 15% que fija el artículo 91 de la Ley 18.834”.