El Consejo de Estado de Francia declaró ilegal la temporada de caza tradicional de aves, que se lleva a cabo mediante trampas con pegamento, por incumplir la normativa europea. Entre las especies protegidas por la decisión están los chorlitos, alondras, zorzales y mirlos.
El contencioso fue impulsado por la asociación animalista “One Voice” y la “Liga Francesa para la Protección de las Aves”, que alegaron que la técnica utilizada para cazar aves es “cruel e inhumana”, y que vulnera la Directiva Europea de 2009 que reglamenta la caza.
En su análisis de fondo, el Consejo observa que “(…) entre los medios, instalaciones o métodos de captura o sacrificio prohibidos por la Directiva se encuentran, entre otros, «lazos (…), colas, anzuelos, aves vivas utilizadas como señuelos cegados o mutilados, registradores, dispositivos electrocutadores» o incluso redes, trampas, cebos envenenados o tranquilizantes (…)».
Agrega que “(…) sin embargo, el artículo 9 de la Directiva establece en su apartado 1 que «los Estados miembros podrán establecer excepciones si no hay otra solución satisfactoria, por las siguientes razones: permitir, en condiciones estrictamente controladas y de forma selectiva, capturar, mantener o explotar juiciosamente determinadas aves en pequeños números”.
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Comprueba que “(…) el decreto impugnado especifica que la caza tradicional permite a los cazadores, preocupados por mantener vivo su patrimonio cultural y que no desean practicar el tiro, ejercer una actividad cinegética de caza artesanal, menos ruidoso y más respetuosa con el medio ambiente; que esta modalidad de caza responde a las aspiraciones de la sociedad francesa tendiente a aumentar la seguridad de los presentes durante las acciones cinegéticas y favorece una convivencia armoniosa entre cazadores y paseantes que, por tanto, si el tiro es una alternativa a la caza mediante lagos , no puede constituir una alternativa «satisfactoria» en el sentido del artículo 9 de la Directiva.
Al tenor de lo expuesto, el Consejo concluye que “(…) el Ministro responsable de la caza sostiene que no existe una solución alternativa satisfactoria. De los documentos obrantes en autos se desprende que el motivo de la excepción prevista por el mecanismo regulador controvertido radica principalmente en el objetivo de preservar el uso de un método de caza que constituye una práctica tradicional que, como ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puede justificar por sí sola la ausencia de otra solución satisfactoria”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo resolvió declarar la ilegalidad de los permisos de caza de las aves referidas. Además, ordenó pagar 1.500 euros a las asociaciones señaladas para gestionar la protección de las aves.