La sola denominación de “operador de tienda”, no posee la especificidad necesaria para considerar cumplida la exigencia del artículo 10 N°3 del Código del Trabajo relativa a la descripción de las funciones.

La Corte de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras de Quillota, que desestimó la reclamación interpuesta por la cadena de supermercados Rendic Hermanos S.A., en contra de resolución administrativa dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota que le impuso la sanción de multas.

El recurso de nulidad invocó la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, y la del artículo 478 letra e) del mismo cuerpo legal, en subsidio.

Expone que el empleador fue fiscalizado y sancionado por haber infringido el artículo 10 N°3, en relación al artículo 506, ambos del Código del Trabajo, y que en su reclamo denunció infracción al principio del non bis in ídem, en atención a que Rendic Hermanos S.A., a raíz de un programa nacional de fiscalización a sus locales Unimarc, fue sancionada en forma reiterada y consecutiva en más de 230 oportunidades, por el mismo hecho, variando únicamente los trabajadores y el local específico fiscalizado. Enseguida, alegó que existió un error de derecho, pues hay una doble infracción por falta de legalidad y tipicidad: primero por transgredir el procedimiento vinculante a todos los funcionarios de la Inspección, contenido en el Manual de Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, por ser un procedimiento deficiente para determinar fehacientemente la conducta típica, al haberse omitido completamente la investigación perceptiva, los documentos necesarios para determinar la infracción y no haber realizado las entrevistas que dispone el manual de fiscalización respecto de los trabajadores. En segundo lugar, este error versó sobre la imposibilidad de constatar la forma en que los hechos se adecúan al tipo infraccional, ya que de la sola lectura de la resolución de multa salta a la vista la vaguedad y falta de precisión en su redacción, así como que su único fundamento son los contratos suscritos entre la reclamante y sus trabajadores. Y, finalmente, alegó un error de hecho, por no existir la infracción que se le imputa, ya que tanto la naturaleza de los cinco servicios como sus funciones principales, complementarias y accesorias se encuentran perfectamente especificadas en el contrato de trabajo respectivo.