Jueces de fondo deben hacerse cargo y razonar sobre la prueba que alguna de las partes incorpore en segunda instancia, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que confirmó aquella de base que rechazó la impugnación de un crédito verificado por el acreedor en un proceso de liquidación concursal.

Se impugnó el crédito verificado por uno de los acreedores de la empresa fallida que le arrendaba el local comercial que ocupaba la deudora. La demandante adujo como fundamento de la impugnación, que la acreedora presentó una serie de facturas correspondientes al periodo de noviembre de 2019 hasta agosto de 2020, de las cuales, las últimas seis corresponden a periodos en que ya no se ocupaba el inmueble, circunstancia que fue convenida con la propia arrendadora debido a la imposibilidad de generar recursos para pagar la renta por el estallido social y posterior crisis sanitaria, motivos por el que entregó las llaves del local a la acreedora en enero de 2020.

Añade que, las seis facturas rechazadas fueron emitidas el mismo día con la intención de hacerse parte en el proceso concursal, debido a que la arrendadora no podía invocar un contrato de arrendamiento en desuso para ello. De igual forma, indica que, al rechazar las facturas de los últimos seis meses, éstas no constituyen título ejecutivo, por ende, no se pueden hacer valer como acreencia en la reorganización.