La Fiscalía de Guatemala anunció que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez, ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por su presunta participación en el bullado caso Odebrecht, que implicó una intrincada trama de sobornos y coimas de alcance regional. Velásquez, quien en la actualidad es el ministro de defensa de Colombia, habría facilitado acuerdos de cooperación para beneficiar a ejecutivos brasileños implicados en el caso de corrupción.
La CICIG fue creada en 2006 a partir de un acuerdo suscrito entre Guatemala y Naciones Unidas , aunque fue disuelta en 2019. Su objetivo fue apoyar a las autoridades y cuerpos policiales en la lucha contra la corrupción del país, mediante diseños de políticas públicas y la promoción de reformas legales e institucionales necesarias para atacar las problemáticas de fondo.
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El anuncio de las autoridades guatemaltecas ha generado múltiples reacciones. Sin ir más lejos, el presidente colombiano Gustavo Petro ha advertido que de continuar el proceso penal habrá repercusiones en el plano diplomático. «Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala», señaló ante la prensa.
Naciones Unidas ha seguido de muy cerca la polémica, acusando que Velásquez es víctima de una campaña de desprestigio. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, recordó recientemente que el personal de la ONU goza de inmunidad y que esta se mantiene aun si han cesado en sus cargos.
“El Secretario General expresa una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se están llevando a cabo acciones penales contra quienes trataron de arrojar luz sobre casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”, señaló Stephane Dujarric, portavoz de Guterres.