Ley 20.791.
Norma transitoria que declara de utilidad pública terrenos destinados por planes reguladores a áreas verdes, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso primero del artículo transitorio de la Ley N°20.791, que Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en Materia de Afectaciones de Utilidad Pública de los Planes Reguladores.
La disposición legal citada establece:
“Artículo transitorio. – Declárense de utilidad pública los terrenos que hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes N°s. 19.989 y 20.331. Sin perjuicio de lo dispuesto en este inciso, respecto de los Lotes cuyas declaratorias hubieren caducado en virtud de las citadas leyes, deberá respetarse la aplicación de lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales, los que no se verán afectados por la declaratoria de utilidad pública”. (Artículo transitorio inciso segundo Ley 20.791).
Temas
Te puede interesar

Derecho al recurso.
Norma que dispone que las sentencias dictadas en juicios de terminación inmediata del arrendamiento sólo serán apelables en el efecto devolutivo, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

Igualdad ante la ley.
Recurso de protección contra ISP por cierre de farmacia y prohibición de funcionamiento sin un sumario administrativo previo, se acoge a trámite por la Corte Suprema.

Recurso de protección acogido.
Constituye un acto de autotutela el bloqueo de ubicación que no se apoya en ninguna causal reglamentaria e impide a recurrentes ejercer su actividad económica.

