Norma que establece el rango de la multa por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no produce resultados contrarios a la Constitución, resuelve el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto del artículo 20, inciso primero, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en una causa seguida ante el Juzgado de Policía Local de Chillán Viejo, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Chillán.

La disposición legal que se solicitó declarar inaplicable para la gestión pendiente, establece lo siguiente:

“Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la presente ley. En caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra por parte de un perito o aplicar una multa que no será inferior a una ni superior a cien unidades tributarias mensuales. Todo lo anterior es sin perjuicio de la paralización o demolición de todo o parte de la obra, según procediere, a menos que el hecho sea constitutivo de delito o tenga una sanción especial determinada en esta ley o en otra”. (Art. 20, inciso primero)”.