El centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), perteneciente a la Universidad de Siracusa (Nueva York), publicó un estudio en el que da cuenta que una cuarta parte de las solicitudes de asilo presentadas por migrantes, impugnadas en sede administrativa, son revocadas por los jueces de primera instancia.
En virtud del procedimiento migratorio, los solicitantes tienen el derecho a ser oídos por un juez de instancia, cuando sus solicitudes son rechazadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), en sede administrativa. Según las cifras conferidas por TRAC, en los últimos 25 años los jueces han resuelto más de 100.000 de estos casos. Si su solicitud también es rechazada en sede judicial, por regla general el migrante es deportado, salvo casos excepcionales.
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Según TRAC, las resoluciones judiciales que revocan los rechazos a las solicitudes de asilo han ido en aumento. Del mismo modo, se han incrementado las decisiones administrativas que las aprueban por “temor fundado” o “miedo creíble”. Este consiste en la “posibilidad significativa” de que el solicitante sufra apremios o torturas en su país de origen, en caso de ser deportado. Si aprueba los interrogatorios de rigor, el solicitante tiene la posibilidad de entrevistarse con un magistrado, el cual evaluará su caso y dictará una decisión, en un procedimiento distinto del de asilo.
Las estadísticas señalan que los casos de temor fundado han aumentado de 6.000, en 2014, a 12.000, en 2019, lo cual refleja el creciente número de migrantes que en los últimos años ha intentado cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Durante el gobierno del presidente Biden, los magistrados han dictado unas 36.000 resoluciones, de las que solo 10.000 han sido favorables a los migrantes.