La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el estado de excepción decretado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ya habría causado la muerte de noventa detenidos.

Según la ONU, desde la entrada en vigor del estado de excepción más de 65.000 personas han sido detenidas, muchas de ellas menores de edad. Para proceder a las detenciones, las autoridades habrían adoptado criterios discriminatorios para identificar a los presuntos criminales, como indicios basados en el aspecto físico y la pertenencia socioeconómica de los sospechosos.

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La oficina también acusó que la procuraduría de derechos humanos de El Salvador ha recibido, hasta el momento, 7900 denuncias sobre violaciones de derechos humanos contra los detenidos, que muchas veces han sido privados de libertad sin las garantías del debido proceso. Asimismo, ha criticado duramente el modelo penitenciario del país, por estimar que la experiencia da cuenta que “(…) confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad”.

Por otro lado, recomendó al gobierno cambiar el enfoque de su lucha contra la criminalidad por uno que aborde las problemáticas de fondo, como lo son la desigualdad, marginación social y la ineficacia de las políticas públicas.

“La oficina entiende los graves desafíos que suponen para El Salvador la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, tiene la obligación de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos. Los Estados tienen un deber reforzado de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, señaló la portavoz de la Oficina.