No renovación de contrata por Universidad Arturo Prat a funcionaria es arbitraria por encontrarse aquella amparada por el principio de confianza legítima, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Iquique y acogió el recurso de protección interpuesto por una psicopedagoga que se desempeña desde el 2019 en calidad de contrata en la Universidad Arturo Prat, y dejó sin efecto la decisión del Rector de esa Casa de estudios de no renovar su vínculo contractual para el 2023.

La actora explica que se encontraba ligada con la Universidad desde el año 2019 bajo la modalidad de contrata (arts. 3, letra c, y 10, de la Ley 18.834), para desempeñarse como profesional de apoyo técnico a la Oficina de Inclusión, siendo renovado su vínculo contractual en tres oportunidades (la primera en 2019 y la tercera en 2022), por lo que estima se encuentra protegida por el principio de confianza legítima desde la última renovación. La decisión del Rector, agrega, carece de fundamentos que justifiquen su desvinculación.

Explica que la Oficina o Unidad de Inclusión en la que trabajaba tiene un carácter orgánico permanente y no transitorio (más allá del término del Proyecto de Fortalecimiento que apoyaba el MINEDUC), además, para el año académico 2023 la Universidad contempla la apertura de una nueva carrera profesional -Pedagogía en Educación Diferencial con Mención Dificultades de Aprendizaje-, y a través de la modalidad Continuidad de Estudios, la apertura de la Carrera de Administración y Gestión Pública, por lo que se aumenta la necesidad de la Oficina de Inclusión y sus funciones.