En el informe “Pandemia y Derechos Humanos”, la Comisión realiza un análisis de los impactos en los derechos humanos a partir de las medidas adoptadas por los Estados y las lecciones aprendidas, a partir de las cuales formula una serie recomendaciones que sirvan de orientación a los Estados de la región para reparar las afectaciones a los derechos humanos y mitigar los riesgos en escenarios futuros.
Uno de los objetivos del informe es exponer la importancia de asegurar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho como modelo institucional que garantice la participación, pluralidad, y el efectivo goce y ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad para todas las personas.
Las medidas adoptadas, lecciones aprendidas y las recomendaciones se desarrollan a lo largo de los 5 capítulos.
Además de la introducción, el segundo capítulo contiene referencias a los impactos de la pandemia sobre la institucionalidad democrática e institucionalidad en derechos humanos. En particular, incluye un análisis acerca de políticas públicas adoptadas por los Estados para contener la crisis sanitaria, referencias al Estado de Excepción y la restricción de las libertades fundamentales, y consideraciones sobre el derecho a la protesta social y el acceso a la información pública como garantía para la rendición de cuentas durante la pandemia. El capítulo también aborda los impactos sobre los derechos humanos como consecuencia de la reducción de controles en la gestión pública, la independencia del sector de justicia y nombramiento de autoridades, y el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Por otra parte, el referido capítulo presenta las afectaciones en el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el incremento de la situación de violencia sufrida por las personas defensoras de derechos humanos.
El capítulo tercero desarrolla el contexto y principales impactos de la pandemia sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos. En particular, respecto del derecho a la salud, el derecho al trabajo y a la educación, los aspectos relativos a la libertad de expresión, y acceso a la información e internet, el derecho de acceso a la justicia; las cuestiones relativas a la vida privada y familiar, así como respeto del duelo y el derecho a la libertad e integridad personal.
En el capítulo cuarto se examinan los impactos diferenciados sobre personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y discriminación histórica, teniendo presente la situación particular de las personas con COVID-19, personas viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema, personas mayores, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos y comunidades indígenas, personas en situación de movilidad humana y desplazamiento, niños, niñas y adolescentes (NNA), personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad. Finalmente, en el quinto capítulo, se abordarán las conclusiones y recomendaciones.
El punto de partida de este informe es la Resolución 1/20 Pandemia y Derechos Humanos que la Comisión emitiera tras la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud; y de la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 de la propia CIDH con la finalidad de fortalecer sus capacidades institucionales para la protección y defensa de las libertades fundamentales y derechos humanos en este contexto.
Para enfrentar las consecuencias de la pandemia, la CIDH destaca la importancia de desarrollar e implementar, en los distintos niveles de gobierno, políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral con enfoque de derechos humanos.
Noticia Relacionada
La CIDH reafirma con este informe su compromiso en promover mecanismos de cooperación técnica como herramientas para facilitar la realización de acciones conjuntas con los Estados, así como manifestar su disposición para brindar asistencia y cooperación técnica para para el fortalecimiento institucional que permita garantizar la implementación del enfoque de derechos humanos en el marco de las políticas, acceso a fondos económicos que refuercen la protección de dichos derechos, planes y estrategias adoptadas para afrontar la crisis de la pandemia con base en los estándares interamericanos que rigen en la materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan los países de origen o residencia.