La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en cumplimiento a su deber de protección de la salud de las personas y el medio ambiente, formuló cargos contra el Proyecto “Proyecto Minero Tierra del Fuego-División El Dorado”, ubicado en la Región de Coquimbo, por incumplir con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El proyecto consiste en la ampliación de producción de concentrados de hierro de 4.500 a 100.000 toneladas al mes, por lo que en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que permitió su funcionamiento se proyectó, junto con la ampliación de la capacidad de procesamiento de la planta, implementar modificaciones a los procesos e infraestructuras, considerando como método de explotación la extracción de minerales existentes en los desmontes ubicados en la Mina El Dorado.
Durante el año 2013, la SMA recibió una denuncia de otra minera, la que indicaba que “se habría iniciado por terceros el montaje y operación de una planta de procesamiento magnética, que se realizaría sin cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en la RCA, en áreas no comprendidas en la evaluación y sobre recursos mineros que no son de su propiedad”, por lo que, en ejercicio de su potestad fiscalizadora, la Superintendencia concurrió a las instalaciones advirtiendo que el proyecto estaría incumpliendo con la RCA, ya que se habría superado la vida útil del proyecto, que estaba definida en 5 años.
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En base al hecho establecido, la Superintendencia decidió formular dos cargos contra el proyecto, dos calificados como graves, el primero dice relación con el proceso operación de chancado y seis correas transportadoras que no se encuentran encapsuladas. El segundo cargo, se refiere a modificar el proyecto aprobado mediante RCA, mediante la incorporación de la extracción y beneficio de minerales de hierro desde los rajos El Dorado Sector Norte y El Dorado Sector Sur, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.
Además, se formulan tres cargos leves, el primero por operar el proyecto superando la vida útil establecida en su RCA; el segundo, por una deficiente operación del proceso productivo, ya que no se realiza una clasificación primaria del material, no contemplar el proceso de chanchado terciario, no implementación un Stock Pile y que los materiales de rechazo son vendidos y; un último cargo, por no haber dado respuesta al requerimiento de información realizado por la Superintendencia.
El titular del proyecto se expone a multas de hasta 13.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $ 9.800 millones.
La formulación de cargos por la SMA da inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio, que le da la oportunidad a los infractores para que, en un plazo de 10 días presenten un Programa de Cumplimiento para cesar o mitigar las emisiones, o bien, 15 días para formular descargos ante la Superintendencia, tras lo cual continúa el proceso sancionatorio.
Vea texto de Resolución Exenta N°1 / ROL D-118-2023 de la SMA.