La Comisión de Hacienda continuó con la discusión en particular del proyecto de reajuste del sector público. En la sesión, la instancia se pronunció sobre diversas indicaciones presentadas a la propuesta del Ejecutivo, junto a las votaciones separadas solicitadas.
En este escenario, por unanimidad las y los diputados rechazaron el artículo que establecía que, a partir de enero de 2024, las y los ministros del Tribunal Constitucional tendrían una remuneración equivalente a la de las y los ministros de la Corte Suprema.
De acuerdo a lo planteado por las y los parlamentarios, esto sería un aumento superior al 30%. Dentro de los calificativos expresados en el debate se relevó la “desproporcionalidad del ajuste”, considerándolo “imprudente” e “inadmisible”, entre otros.
Reajuste y otras materias
En el proyecto en debate, el Gobierno también incluyó normas vinculadas a los acuerdos con las asociaciones de funcionarios públicos. Así también algunas materias vinculadas a medidas comprometidas en la discusión de la ley de presupuestos, entre otros.
Una de las normas aprobadas fue la regulación del periodo de vacancia tras el proceso de otorgamiento de un permiso de operación de casinos regionales. El texto proponía permitir la continuidad operacional hasta el inicio del nuevo casino. Lo anterior, con un pago a beneficio fiscal de un 15% sobre el promedio mensual de los ingresos brutos. Sin embargo, a través de una indicación, el monto se redujo a un 5%.
Por otra parte, también se aprobaron indicaciones para permitir la correcta entrada en vigencia de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En esta dirección, si bien el proyecto adelantaba a marzo de 2024 el funcionamiento del SLEP de Chiloé, se incluyeron nuevas garantías. A través de una indicación se estableció la solicitud de un informe favorable del Ministerio de Educación, previo al traspaso que deberá realizarse en 2025.
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Así también se logró un acuerdo con el Gobierno para garantizar los derechos adquiridos por las y los trabajadores previos a los traspasos. Si bien, originalmente, el gobierno quería extender de seis meses a dos años el plazo para que los acuerdos pactados sean oponibles al traspaso, tras el debate entregó otra propuesta. Esta va en la dirección de que sean los municipios los que se hagan cargo de costear los recursos vinculados a los acuerdos que se alcancen en ese período.
La comisión continuará el debate del articulado del proyecto en una nueva sesión citada para el lunes 18 a las 10:00 hrs.
Vea mensaje y tramitación del Boletín N°16463-05