Abogados especializados destacan la normativa uruguaya.
Proyecto de ley de tratamiento de datos personales pondría trabas para el desarrollo de modelos de prevención de delitos económicos.
Expertos advierten que, tal como está presentado el proyecto actualmente, el acceso y tratamiento de la información contenida en las fuentes de acceso público se verían muy restringidos, lo que dificultaría que las empresas –sobre todo las no relacionadas al mercado crediticio– puedan revisar data hasta ahora disponible, en el Registro Civil y SII, entre otros organismos.
La promulgación, hace pocos meses, de la Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595) fue un hito que marcó la forma en que las empresas se preparan para enfrentar este tipo de malas prácticas. El creciente interés por robustecer medidas de prevención es uno de los efectos del aumento en las penas, que ahora incluso contemplan la privación de libertad, y de los responsables, llegando con la nueva norma a gerentes y directores.
Frente a ello, empresas de todos tamaños y giros han debido comenzar a revisar y generar modelos de prevención de delitos económicos, un tema hasta ahora desconocido para muchas firmas, sobre todo las de menor facturación.
Alejandro Espinoza, socio de Risk and Compliance de HLB Surlatina Chile, advierte que el desconocimiento de las organizaciones de menor tamaño es alarmante. “En muchos casos, no se entiende el alcance real de conceptos como “administración desleal” o “negociación incompatible”. Por lo mismo, no solo se trata de incorporar un modelo de prevención, sino que de transformar la manera en que se manejan los negocios”, dice.
Temas
Te puede interesar
Ley 21.595.
Los delitos de la segunda categoría consideran delitos económicos no sólo a los delitos ambientales.
Ley 21.595.
Los delitos de la tercera categoría se consideran delitos económicos si en el hecho hubiere intervenido alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa.
Ley 21.595.
Se consideran delitos económicos de la Segunda categoría, siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa.
