El asunto denominado «Tsunami» en el contexto catalán se erige como un punto de inflexión en el ámbito jurídico español, evidenciando la intersección entre la protesta política y las figuras delictivas de terrorismo y sedición. El caso gira en torno a la investigación judicial contra la plataforma Tsunami Democràtic, que emergió en 2019 como un colectivo que promovía acciones de protesta contra la sentencia del «procés», la cual conllevó la condena de varios líderes del movimiento independentista catalán. La Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Manuel García-Castellón, ha asumido la investigación de este caso, atribuyendo a la plataforma delitos de terrorismo y conspiración para la comisión de estragos, bajo la premisa de que Tsunami Democràtic perseguía la subversión del orden constitucional y promovía la secesión unilateral de Cataluña.
Desde la perspectiva legal, el procedimiento contra Tsunami Democràtic se inició a finales de 2019, identificando a la estructura y financiación del movimiento como ejes centrales de la investigación. La Guardia Civil ha implicado a figuras prominentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), incluida su secretaria general, Marta Rovira, actualmente en Suiza, en el liderazgo de dicho movimiento. Este aspecto subraya la complejidad de la causa, dada la implicación de activistas y políticos en las acciones de Tsunami Democràtic y la consecuente intervención de comunicaciones como medida para dilucidar la organización y respaldo económico del colectivo, incluyendo el rastreo de cuentas bancarias en territorio suizo, alemán y belga.
La dimensión internacional del caso se manifiesta en la solicitud del juez García-Castellón a las autoridades suizas para la localización y extradición de Marta Rovira, basada en acusaciones de terrorismo. Este elemento resalta las dificultades inherentes a la cooperación judicial internacional, especialmente cuando se entrecruzan consideraciones de índole política con el principio de legalidad.
Paralelamente, el avance del caso «Tsunami» se produce en un contexto en el que se tramita una ley de amnistía en España, con el objetivo de eximir de responsabilidad penal a los involucrados en delitos de terrorismo relacionados con el movimiento independentista catalán, incluyendo a figuras como Carles Puigdemont. Esta situación refleja la tensión entre la actuación judicial, que busca preservar el orden constitucional y la integridad territorial de España, y las dinámicas políticas que buscan una solución al conflicto catalán.
En conclusión, el caso «Tsunami» constituye un ejemplo paradigmático de la complejidad de abordar jurídicamente los movimientos secesionistas, enfrentando desafíos que abarcan desde la definición y tipificación del terrorismo hasta las complicaciones derivadas de la persecución judicial de políticos fuera del territorio nacional. La instrucción llevada a cabo por la Audiencia Nacional refleja el esfuerzo por conciliar el mantenimiento del orden constitucional con un escenario político y social altamente polarizado.
Prof. Dr. Gustavo Balmaceda Hoyos