Corte Suprema acoge solicitudes de declaración previa por error judicial y anula sentencia de Consejo de Guerra.

La Corte Suprema acogió las solicitudes de declaración previa de error judicial y declaró injustificadamente errónea la sentencia, dictada por Consejo de Guerra el 3 de enero de 1975, que condenó a Edgardo Antonio Oñate Parra, Jorge Alberto Rodríguez Guerrero y Juan Hernán Soto Leyton por sedición.

El fallo señala que, el artículo 19, N° 7, letra i), de la Constitución Política de la República confiere el derecho a reclamar del Estado la indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia del sometimiento a proceso o condena injustificadamente erróneos o arbitrarios. Es necesario entonces que se denuncien actuaciones de la judicatura desprovistas de elementos de convicción que habiliten su sustento racional o que fueron expedidas por voluntad meramente potestativa, caprichosa o insensata.

La resolución agrega, que la sentencia dictada en los autos sobre revisión, Rol 76.358-2020 estableció, en su motivo tercero que ‘aparece demostrada la existencia de un método, patrón o sistema general de menoscabo físico o mental y de afrenta a su dignidad, al que fueron sometidos los acusados ante los Consejos de Guerra convocados –dentro de los cuales se encuentran incluidos los impugnantes–, los que fueron cometidos por parte de sus interrogadores, celadores u otros funcionarios que intervinieron en el procedimiento mientras dichos inculpados se mantenían detenidos, todo ello con el objeto de obtener su admisión o confesión de los hechos que se les atribuían, así como para que implicaran o incriminaran al resto de los procesados en los mismos hechos’, agregando en su fundamento cuarto que ‘la responsabilidad de los actores en el delito de sedición que se les reprocha se construye básicamente sobre las declaraciones de otras personas igualmente sometidas al Consejo de Guerra y en base a sus propias confesiones, respecto de todas las cuales, como ya se ha dicho, hoy hay suficiente evidencia para concluir con total certeza, que fueron obtenidas de manera espuria sin que, por ende, pueden servir de sustento legítimo a una sentencia condenatoria.