Con nueve votos contra dos, la Sala Especial de la Corte Suprema de Brasil validó la sentencia de un tribunal italiano que condenó al exfutbolista Robson de Souza, más conocido como “Robinho”, a nueve años de cárcel por el delito de violación. En su dilatada carrera futbolística vistió la camiseta de la selección de Brasil y de destacados clubes europeos, como el A.C. Milan y el Real Madrid.
En virtud de esta decisión la ejecución de la pena se podrá llevar a cabo en Brasil, donde reside el exjugador, pues comprende la posibilidad de transferir la sentencia del tribunal italiano a la jurisdicción brasileña, de acuerdo con los términos del Tratado de Extradición suscrito entre Brasil e Italia.
La defensa de Robinho planteó varios argumentos en contra de esta decisión. Adujo que el tratado de extradición no contemplaba expresamente la transferencia de la ejecución de las penas y que la legislación brasileña sobre migraciones no era aplicable al caso debido a su retroactividad.
Sin embargo, la Corte consideró que el fallo italiano cumplía con los requisitos legales para ser validada y que la Ley de Migraciones permite que los brasileños condenados en el extranjero cumplan sus penas en territorio nacional.
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El ministro Francisco Falcão, relator del caso, enfatizó que la Corte no estaba actuando como un revisor de la justicia italiana, sino que simplemente estaba facilitando la ejecución de la sentencia en Brasil. Además, recalcó que los mismos actos que llevaron a la condena en Italia también constituyen un delito en Brasil.
Según los hechos acreditados, en 2013 Robinho violó a una mujer albanesa tras asistir a un club nocturno en Milán, Italia. En 2022, un tribunal italiano dictó una sentencia definitiva en el caso.
“La falta de aprobación de la sentencia dejará impune al acusado, ya no será juzgado en Brasil y podrá permanecer en territorio nacional sin cumplir una pena impuesta en Italia. La pena aquí impuesta no puede ser ejecutada, por lo tanto equivale a defender la impunidad del acusado por el crimen cometido, que no puede ser admitido, bajo pena de violar los deberes asumidos por Brasil en el plano internacional”, señala el fallo de la Corte.
“La aprobación del traslado de la ejecución de la pena, mediante la implementación de la cooperación internacional, tiene la capacidad, secundariamente, de proteger los derechos humanos de las víctimas. La ratificación de la pena no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para la realización de los derechos fundamentales, tanto del condenado como de la víctima”, concluye la sentencia.