Recurso de protección de abogado que mantuvo conversaciones por WhatsApp con letrado Luis Hermosilla para que Ministerio Público elimine sus conversaciones personales y no las entregue al CDE, será conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de reposición y admitió a trámite el recurso de protección interpuesto por un abogado ante el Tribunal de Alzada de la capital en contra del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público, por haber solicitado el CDE acceder a todas las conversaciones de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla en el marco de una investigación penal, más conocida como el caso audios. Junto con ello, la Corte ordenó que los recurridos deben evacuar informe en un plazo máximo de cinco días y acompañar todos los antecedentes que obren en su poder en relación al asunto que motiva la acción constitucional.

El actor expone en su libelo que, con ocasión de que el centro de investigación CIPER publicó un reportaje que vincula directamente al abogado Luis Hermosilla y la empresa Factoring Factop, es que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, de oficio, procedió a abrir una investigación en contra del letrado, para lo cual el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la incautación de su teléfono celular, respecto del cual se extrajeron más de 770.000 páginas de conversaciones de WhatsApp, según lo informado por el propio organismo persecutor, cuyos mensajes instantáneos, de acuerdo a lo declarado por el abogado Hermosilla no habrían sido eliminados, como así tampoco sus más de 1000 contactos de teléfono, siendo uno de ellos el suyo, desde que también ha mantenido conversaciones con él hace años no sólo de cuestiones absolutamente personales, sino que también acerca de situaciones de algunos clientes que compartían, los que, por cierto, no tienen relación alguna con los hechos investigados.

Agrega que, como es de conocimiento público el 27 de marzo del año en curso, el CDE manifestó haber solicitado acceder a la carpeta investigativa, particularmente al informe que contiene las conversaciones de la red social, en circunstancias que el CDE no tiene facultades para desarrollar investigaciones ni dirigir aquellas que estén en curso, no sólo porque dicho rol le corresponde exclusivamente al Ministerio Público, sino que, además, su competencia se orienta solo a aquellos asuntos que digan relación con casos en que se ha generado un perjuicio al patrimonio estatal, mas no para investigar un ilícito, menos si él, no es un funcionario público, por lo que no debiera accederse a sus conversaciones personales, desde que el CDE no cuenta con la legitimación que justifique la intervención lesiva en sus derechos fundamentales.