Medida de apremio de arresto del empleador por deudas de cotizaciones previsionales, produce efectos inconstitucionales atendida la particular condición del requirente.

El Tribunal Constitucional acogió, en votación divida, el requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que impugnó el artículo 12 de la ley Nº17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.

La norma que se solicitó declarar inaplicable para resolver la gestión pendiente –un procedimiento de cobranza seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel-, es la siguiente:

“Articulo 12. El empleador que no consignare las sumas descontadas o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales, dentro del término de quince días, contado desde la fecha del requerimiento de pago si no opuso excepciones, o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será apremiado con arresto, hasta por quince días. Este apremio podrá repetirse hasta obtener el pago de las sumas retenidas o que han debido retenerse y de sus reajustes e intereses penales.