Destitución de parlamentario albanés que incurrió en conflicto de intereses al percibir ingresos de una empresa contratada por el Estado se ajusta a derecho, resuelve el TEDH.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó la demanda interpuesta contra Albania por la destitución de un parlamentario que incurrió en conflicto de intereses, por su papel como accionista en una empresa de telecomunicaciones ligada al Estado. No constató ninguna violación al artículo 3 del Protocolo N°1 (derecho a elecciones libres) y al artículo 8 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), pues consideró que su destitución no fue arbitraria.

El caso versa sobre un parlamentario que se constituyó como accionista único de una empresa que suscribió contratos con autoridades públicas para la prestación de servicios de Internet y telefonía fija. A pesar de vender sus acciones en 2014, posteriormente el Grupo Parlamentario del Partido Demócrata solicitó al Parlamento que remitiera al Tribunal Constitucional la cuestión de la compatibilidad de su cargo como diputado con su anterior condición de accionista único.

En 2016, el Tribunal Constitucional resolvió que existía un conflicto de intereses en virtud del artículo 70.3 de la Constitución, que prohíbe a los diputados participar en actividades lucrativas que generen ingresos de activos del sector público. El Tribunal observó que el parlamentario continuaba recibiendo pagos por contratos preexistentes. En consecuencia fue destituido de su cargo de diputado, por lo que demandó al Estado ante TEDH.