Declaración de quiebra libera al acusado de las sanciones administrativas, pero no de la orden de pago por lo obtenido fraudulentamente, resuelve la Corte Suprema de Canadá.

La Corte Suprema de Canadá acogió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por dos ciudadanos sancionados por infringir la normativa en materia financiera. Dictaminó que la quiebra no libera a las personas de las órdenes de pago de cantidades obtenidas mediante fraude, pero que sí podría liberarlas de sanciones administrativas.

Entre 2007 y 2009, dos hombres manipularon el precio de las acciones de una compañía, perjudicando a los inversores. En 2014, la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) los multó con 13.5 millones de dólares canadienses en sanciones administrativas, y 5.6 millones en órdenes de restitución por las ganancias obtenidas fraudulentamente. En 2018, se declararon en quiebra, y la BCSC solicitó al Tribunal Supremo provincial que estas deudas no fueran eximidas bajo la sección 178(1) de la Ley de Quiebras e Insolvencia.

El Tribunal Supremo dictaminó que las deudas no debían ser eximidas, citando las excepciones previstas en la normativa. Los acusados apelaron sin éxito el fallo en segunda instancia, por lo que luego lo impugnaron ante la Corte Suprema.