Corte Suprema invalida sentencia de oficio.
Fallo que no fundamenta rebaja de indemnización por daño moral para víctima de detenciones ilegales y tortura en manos de agentes del Gobierno Militar, incurre en vicio de nulidad formal.
Destacó la necesidad de un análisis detallado para determinar el quantum de la indemnización, y declaró que el resarcimiento del daño producido por el delito, así como la acción para hacerlo efectivo, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público, y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.

La Corte Suprema invalidó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia , que confirmó la resolución del Segundo Juzgado Civil de esa ciudad, que condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización por daño moral al actor, con declaración de que rebaja el monto a indemnizar a la suma de $8.000.000.-.
La causa versa sobre una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco interpuesta por las detenciones ilegales y torturas de que fue víctima el actor, tras el golpe de Estado de 1973. El Segundo Juzgado Civil de Valdivia rechazó las excepciones de pago y de prescripción que opuso el Fisco, y acogió parcialmente la demanda, fijando una indemnización de $55.000.000.-, teniendo en consideración las reparaciones ya recibidas por el actor.
Impugnada esa decisión, la Corte de Valdivia la confirmó con declaración que rebajó el monto a indemnizar a la suma de $8.000.000.-.
Temas
Te puede interesar

Casación en la forma acogida.
Fallo que no fundamenta el quantum de la indemnización por daño moral para familia de víctima que falleció en 1974 en manos de agentes del Gobierno Militar incurre en vicio de nulidad formal, resuelve la Corte Suprema.

Declaración de nulidad no tiene efectos patrimoniales.
Corte Suprema declaró nulo decreto del Gobierno Militar que ordenó a la disolución de las sociedades dueñas de diario El Clarín.

Artículo 48 de la Ley 19.234.
Superintendencia de Pensiones es competente para fiscalizar la autorización o rechazo que debe efectuar el IPS ante la solicitud de pago por subrogación de un exonerado político y no la Contraloría General de la República.

