Violación del deber de confidencialidad y protección.
Parlamento Europeo debe indemnizar a asistente parlamentario que fue relevado de funciones tras denunciar hechos de corrupción, resuelve el TGUE.
Al haberse limitado a informar al interesado de que la medida de relevo era la única medida de protección posible, el Parlamento no demostró haber tomado todas las medidas necesarias para asegurarse de que el interesado no sufría ningún perjuicio por parte de la institución a causa de su condición de informante.
El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) acogió el recurso deducido por un funcionario del Parlamento Europeo que fue despedido tras denunciar irregularidades financieras que involucraban a una eurodiputada. Dictaminó que el Parlamento incumplió su deber de otorgar una protección especial al actor en su calidad de informante, al revelar, en contravención al Derecho de la Unión, esta condición.
Un asistente parlamentario del Parlamento Europeo denunció casos de acoso e irregularidades financieras en los que estaba implicada una eurodiputada. Tras la denuncia, fue reasignado a otro eurodiputado y, debido a presuntas represalias, fue apartado de sus funciones. Aunque su contrato no fue renovado, el asistente impugnó esta decisión y criticó la falta de reconocimiento de su condición de informante, así como la ausencia de medidas de protección adecuadas tras su denuncia.
Además, el asistente solicitó una compensación de 200.000 euros, alegando que el Parlamento Europeo no respetó las normas de confidencialidad y protección de los denunciantes. Sin embargo, el Parlamento rechazó su solicitud, por lo que presentó una demanda ante el TGUE para exigir una indemnización de perjuicios.
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