Colegio de abogados argentino interpuso un amparo contra el Estado por un decreto que los obliga a informar las operaciones sospechosas de sus clientes.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) interpuso un recurso de amparo contra el Estado Nacional en respuesta al decreto que impone a los abogados la obligación de informar sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero realizadas por sus clientes. Este recurso legal surge tras la aprobación de la ley antilavado y la posterior reglamentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) que amplía esta responsabilidad a los profesionales del derecho. La presentación fue deducida en estrados del juzgado nacional en lo contencioso administrativo.

Previo a esta normativa, la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado estaba restringida a contadores, escribanos, bancos y otros profesionales. La inclusión de los abogados ha generado una fuerte oposición en el mundo jurídico argentino, pues se aduce que las medidas de la normativa violan la confidencialidad que debe primar entre abogado y cliente, considerándolas inconstitucionales.

La resolución de la UIF excluye de esta obligación a los abogados contratados para litigios, pero sí establece la responsabilidad de reportar cualquier otra relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.