Diario Constitucional

Actuar de las autoridades se ajustó a derecho.

Recurso de protección por fijación de acceso a playa “La Vega de Pupuya” se rechaza por la Corte de Rancagua.

La Corte descartó ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las autoridades y resolvió que el recurso de protección no es la vía adecuada, ya que la controversia se encuentra sometida a los tribunales ordinarios.

Por Redacción·23 de septiembre de 2024·4 min de lectura
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La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección interpuesto por una empresa en contra de la Delegación Presidencial de la Región de O´Higgins, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, del Alcalde y de la Directora de Obras de la Municipalidad de Navidad.

El actor sostuvo que las actuaciones y omisiones de las autoridades involucradas en el procedimiento para fijar el acceso a la playa «La Vega de Pupuya» han sido arbitrarias e ilegales. En particular, cuestionó la falta de notificación de una resolución que afectó un predio de su propiedad, y denunció irregularidades en la implementación del proceso administrativo. Además, argumentó que la intervención de las autoridades ha vulnerado su derecho a la propiedad, como ocurrió cuando la Directora de Obras impidió la instalación de un cerco en su terreno sin fundamento legal. Solicitó a la Corte que se tomen las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

En su informe, la SEREMI de Bienes Nacionales de O’Higgins, instó por el rechazo de la acción, debido a que fue interpuesto en representación de una persona jurídica, que es la propietaria del inmueble gravado con el acceso a la playa “La Vega de Pupuya”, y sin embargo el recurrente no habría acreditado ser su representante legal. También señaló que no existen documentos que vinculen al recurrente con la propiedad en cuestión. Además, argumentó que la actuación del Ministerio se ajustó a la normativa vigente, específicamente al artículo 13 del Decreto Ley N°1.939 de 1977, que regula la fijación de accesos a playas, con el fin de garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a bienes nacionales de uso público. Agregó que se realizaron los procedimientos correspondientes, incluyendo audiencias públicas y notificaciones, y que la resolución que fijó el acceso a la playa fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho. Por último, destacó que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar la fijación de acceso, dado que existen mecanismos judiciales específicos para ello.

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