Es prueba lícita las grabaciones en que intervienen sólo los interlocutores imputados y no terceros, resuelve la Corte Suprema de Perú.

La Corte Suprema de Perú desestimó los recursos de casación deducidos por empleados municipales condenados a prisión por la comisión de un delito de colusión en perjuicio del Estado. Dictaminó la legalidad de la prueba presentada en su contra, incluidas conversaciones telefónicas. Respecto a estos medios probatorios, estimó que son lícitos cuando solo intervienen los interlocutores, que fueron condenados en este caso.

Según los hechos narrados, los acusados se concertaron con una empresa, a través de un trabajador de esta, para beneficiarla en un proceso de licitación, relativo a la adquisición de un camión volquete marca Mitsubishi con sobreprecio. Por este motivo fueron condenados en instancia a entre 4 y 2 años de prisión y al pago de una reparación civil. Posteriormente recurrieron este fallo vía casación ante la Corte Suprema.

En sus recursos alegaron, entre otros motivos, que el tribunal de instancia violó la prohibición de utilización de prueba ilícita (fotografías y conversación sostenida entre dos acusados); que no se pronunció sobre la incorporación de la fuente de prueba para determinar su autenticidad; y que respecto de los soportes magnéticos solo se limitó a mencionar una pericia realizada al efecto.