Recurso de casación en el fondo acogido por la Corte Suprema.
Plazo de seis meses para que opere el decaimiento del proceso administrativo se cuenta desde su inicio hasta la dictación de la resolución terminal, con exclusión de la fase recursiva.
El máximo Tribunal resolvió que el procedimiento administrativo se ajustó a la normativa vigente, al dictarse la resolución final dentro del plazo de seis meses conforme al artículo 27 de la Ley N° 19.880. Aunque se reconoció una demora de casi siete años en la fase recursiva, dicha tardanza no afecta la validez del procedimiento inicial ni de la resolución emitida en marzo de 2015, que puso fin al proceso administrativo conforme a los artículos 40 y 41 del mismo cuerpo legal.
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que acogió el reclamo deducido por la empresa en contra de una resolución de la Dirección General de Aguas (DGA).
El conflicto se originó por una denuncia presentada ante la DGA por la extracción no autorizada de aguas en 2015, lo que dio lugar a un proceso de fiscalización. Tras una inspección, la DGA acogió parcialmente la denuncia y remitió los antecedentes a la Corte de Santiago para la aplicación de una multa y a la Fiscalía para investigar una posible usurpación de aguas.
El proceso administrativo se extendió durante varios años, lo que motivó la interposición de un recurso de reconsideración por parte de la empresa denunciada, alegando la prescripción de la infracción y el decaimiento del procedimiento debido a la demora injustificada.
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