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imagen: bidt.digital
Atentaría contra la libertad de expresión.

Proyecto de ley que impone a las redes sociales la obligación de abordar la desinformación e información errónea en línea, se rechaza por las autoridades australianas.

La iniciativa buscaba establecer nuevas obligaciones para las plataformas de redes sociales en la detección, eliminación y notificación de contenidos que se clasifican como desinformación (información falsa difundida intencionadamente) o información errónea (información falsa o engañosa compartida sin intención deliberada de causar daño).

29 de noviembre de 2024

El gobierno de Australia decidió no avanzar con el proyecto de ley que modificaba la legislación de comunicaciones de 2024 (Lucha contra la Desinformación y la Información Errónea) , tras ser rechazado por varias formaciones políticas. Así, la falta de consenso parlamentario impidió su aprobación en el Senado.

El proyecto de ley buscaba establecer nuevas obligaciones para las plataformas de redes sociales en la detección, eliminación y notificación de contenidos que se clasifican como desinformación (información falsa difundida intencionadamente) e información errónea (información falsa o engañosa compartida sin intención deliberada de causar daño).

El Partido Verde expresó que el proyecto carecía de claridad y resultaba inviable en su implementación. Por su parte, la coalición Liberal-Nacional manifestó preocupación por las posibles implicaciones en materia de censura y restricción de la libertad de expresión. Este último argumento se ampara en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protege la libertad de expresión, aunque dicho derecho puede estar sujeto a restricciones cuando entra en conflicto con otros derechos, la seguridad nacional, el orden. público o la salud pública.

El fenómeno de la desinformación ha sido identificado como una amenaza potencial en varios ámbitos, incluyendo los procesos electorales y la salud pública. Ejemplos recientes incluyen el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar contenido engañoso, como imágenes manipuladas utilizadas en campañas políticas internacionales, así como la proliferación de información errónea sobre tratamientos médicos durante la pandemia de COVID-19 en Australia.

Según estudios recientes, más del 80% de los ciudadanos australianos estarían a favor de medidas legislativas para abordar la difusión de información falsa. Como respuesta, se han propuesto alternativas, tales como la regulación de la inteligencia artificial, el endurecimiento de leyes contra el uso no consentido de deepfakes y la implementación de medidas para garantizar la veracidad en la publicidad política.

Asimismo, el gobierno ha planteado una propuesta para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en cumplimiento con los compromisos internacionales adquiridos bajo la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Sin embargo, esta propuesta ha suscitado reservas por parte de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, debido a posibles conflictos con los derechos de libertad de expresión, privacidad y acceso a la información.

Ante el retiro del proyecto de ley, el gobierno solicitó la colaboración de todos los grupos parlamentarios para desarrollar propuestas alternativas que permitan proteger a la ciudadanía en el ámbito digital y garantizar la integridad de las instituciones democráticas, según lo informado.

Vea proyecto de ley.

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