Tribunales deben ponderar situación de vulnerabilidad de personas obligadas a restituir inmuebles al dictar sus fallos, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta por una adulta mayor que se opuso a la restitución de las tierras en que residía. Amparó los derechos a la igualdad y al debido proceso de la actora, al constatar que los tribunales no tuvieron en cuenta su vulnerabilidad socio económica al dictar los fallos. Dictaminó que la aplicación diferencial del estándar probatorio de buena fe aplicado solo debe favorecer a personas naturales que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en el acceso a tierra o trabajo agrario de subsistencia, como es el caso de la afectada.

El caso versa sobre una pareja que se opuso a la restitución de terrenos reclamados por una mujer, quien los había vendido por necesidad económica para liberar a familiares secuestrados, en el marco del conflicto armado interno. Aunque los jueces de restitución ordenaron la devolución de los predios, alegaron una situación de vulnerabilidad por razones de salud y falta de vivienda. A raíz de esta decisión accionaron vía tutela.

Los tribunales de instancia rechazaron su pretensión al concluir que la decisión impugnada no incurrió en ningún defecto, que fue razonable y que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante. En segunda instancia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias de instancia. Por este motivo, el caso llegó a estrados de la Corte Constitucional.