Normas que establecen un sistema unilateral de acreditación de deuda y restitución de cotizaciones sin intereses para las ISAPRES, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional los artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley N° 21.674, que modifica el DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en las materias que indica, crea un nuevo modelo de atención en el Fondo Nacional de Salud, otorga facultades a la Superintendencia de Salud, y modifica normas relativas a las Instituciones de Salud Previsional, conocida como “ley corta de ISAPRES”.

La gestión pendiente en que incide el requerimiento de inaplicabilidad es un proceso judicial seguido por la requirente en contra ISAPRE Cruz Blanca. Una demanda de indemnización de perjuicios y, en subsidio, acción de nulidad absoluta de una tabla de factores de riesgo conforme a la cual se calcula el precio de los planes de salud. El proceso actualmente se encuentra radicado en la Corte Suprema para el conocimiento de recursos de casación en el fondo interpuestos por ambas partes. En esa causa se discute el incumplimiento de la ISAPRE de ajustar el contenido de la tabla a las normas vigentes, lo que derivó en cobros indebidos, perjuicios patrimoniales (excesos de cotización, lucro cesante) y daño moral para la afiliada. Las defensas de Cruz Blanca argumentan la validez de las tablas de riesgo aplicadas, basadas en interpretaciones administrativas previas, cuestionando su responsabilidad.

Desde el 1 de septiembre de 2024, comenzó a aplicarse la Ley N° 21.674, que introduce un procedimiento en tres etapas para las ISAPRES. Este incluye la adecuación de precios conforme a la Tabla de Factores Única de 2019, la aprobación de planes de pago para devolver cotizaciones excesivas y la notificación a los afiliados sobre estas devoluciones, las cuales pueden realizarse en un plazo de hasta 13 años sin intereses.