Un grupo de empleados en perÃodo de prueba, vinculados a diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos, interpuso una demanda para impugnar la legalidad de sus despidos. Según su presentación, las desvinculaciones fueron llevados a cabo en el marco de un proceso de reducción de la plantilla federal impulsado por la administración del presidente Donald Trump. Los demandantes sostienen que dicha decisión contraviene la normativa vigente y vulnera su derecho al debido proceso.
Los demandantes, exempleados de varias agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Administración de Servicios Gubernamentales, citaron informes elaborados por la Oficina del Asesor Especial (OSC) y la Junta de Protección del Sistema de Méritos de los Estados Unidos (MSPB), en los cuales se concluye que despidos análogos podrÃan constituir prácticas de personal prohibidas conforme a la normativa aplicable.
Debido a la naturaleza de sus contratos, los empleados cesados no tuvieron acceso directo a la MSPB para apelar sus despidos, ya que sus reclamaciones no encajaban dentro de las tres categorÃas que permitirÃan dicha revisión: que la terminación estuviera basada en el estado civil del empleado, que se fundamentara en razones de afiliación polÃtica o que estuviera vinculada a conductas previas a la contratación. No obstante, los demandantes presentaron sus reclamaciones ante la OSC, entidad que determinó que los despidos en cuestión podrÃan constituir prácticas contrarias a las reglas del servicio civil.
En febrero del presente año, la OSC trasladó el caso a la MSPB, la cual, tras su evaluación, resolvió que no tenÃa competencia para ordenar la reincorporación de los empleados despedidos mientras se resolviera el fondo del asunto. A raÃz de esta decisión, los afectados han acudido a los tribunales con la finalidad de obtener una resolución judicial que determine la ilegalidad de sus despidos y, en su caso, su restitución en los puestos que ocupaban previamente.
Además de lo anterior, solicitan la restitución de la remuneración dejada de percibir durante el perÃodo en que se vieron excluidos de la administración pública.