Corte Suprema invalida contrato
La excusa de la excesiva onerosidad sobreviniente en la ejecución del contrato no tiene cabida en nuestro derecho, resuelve la Corte Suprema.
Los demandados fundamentan su excusa en la excesiva onerosidad de la ejecución íntegra de la prestación objeto de contrato, es decir que, conforme con la diligencia promotora exigible, el cumplimiento era posible, aunque a un costo mayor. La alegación esconde una imprevisión o alteración sobrevenida de las circunstancias, excusa que, mientras no se modifique el Código Civil, no tiene cabida en nuestro derecho de contratos.

Al conocer de sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, la Corte Suprema invalidó de oficio la sentencia dictada por la Corte de Temuco, que confirmó el fallo de base que rechazó la demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicios.
La causa versa sobre una demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicios por el incumplimiento de un contrato verbal de construcción. La actora solicitó la resolución del contrato y el pago de $58.090.400.- por daño emergente y $100.000.000.- por daño moral, alegando que la obra quedó inconclusa. Los demandados argumentaron que la construcción avanzó en un 80-85% y que factores externos, como el estallido social y la pandemia, dificultaron su cumplimiento.
El tribunal de primera instancia rechazó la demanda, al considerar que los socios de la constructora no son responsables y que existió un error en el emplazamiento.
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Comentarios (1)
victor garcia b NO EXISTE EN NUESTRO DERECHO LA POSIBILIDAD DE QUE LA JUSTICIA SE NIEGUE A RESOLVER UN ASUNTO LITIGIOSO A FALTA DE LEY QUE RESUELVA EL PROBLEMA; ES LO QUE HA OCURRIDO CON EL FALLO QUE SE COMENTA: LOS TRIBUNALES ESTÁN OBLIGADOS A APLICAR EL DERECHO AL RESOLVER LOS LITIGIOS; NO HAY NADA FUERA DEL DERECHO QUE IMPIDA A LOS TRIBUNALES A DAR SU FALLO A FALTA DE LEY
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No genera indefensión decisión judicial redactada en catalán, porque ésta debe ser real, efectiva y actual, nunca potencial o abstracta, resuelve Tribunal Constitucional español.

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