La Asamblea Nacional de Hungría aprobó una normativa que prohíbe la realización de marchas del orgullo LGBTQ+, estableciendo sanciones pecuniarias para los organizadores y asistentes. La ley fue presentada el 18 de marzo y sometida a votación al día siguiente, obteniendo la mayoría parlamentaria requerida para su aprobación. El texto legal argumenta la necesidad de preservar el bienestar de los menores de edad como fundamento para la restricción de estos eventos en espacios públicos.

De acuerdo con el contenido de la ley, la autoridad policial podrá imponer una multa máxima de 200.000 florines húngaros (aproximadamente 550 dólares) a quienes organicen o participen en actos que contravengan la normativa. Asimismo, se establece que las sanciones económicas deberán destinarse exclusivamente a programas de protección infantil y no podrán ser sustituidas por medidas alternativas, como el cumplimiento de servicios comunitarios.

El procedimiento legislativo seguido para la adopción de esta normativa se llevó a cabo conforme al artículo 61 del Reglamento de la Asamblea Nacional (Házszabályi Rendelkezések). Dicho artículo permite la aplicación de un «procedimiento excepcional», que faculta al parlamento a aprobar disposiciones sin necesidad de debate previo ya establecer plazos específicos para la presentación de enmiendas y la votación final. No obstante, el reglamento limita la aplicación de este mecanismo a un máximo de cuatro ocasiones por semestre parlamentario.

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Diversas organizaciones internacionales han manifestado su oposición a esta ley, aduciendo un posible impacto negativo en los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. Amnistía Internacional, a través de su director en Hungría, ha señalado que la disposición legal podría contravenir compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de no discriminación y libertad de reunión.

A pesar de la entrada en vigor de la prohibición, los organizadores del evento conocido como Marcha del Orgullo de Budapest han expresado su intención de llevar a cabo la manifestación en la capital húngara. En este sentido, el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, ha emitido declaraciones en las que manifiesta su respaldo al ejercicio del derecho de protesta dentro de los límites normativos vigentes.

La legislación aprobada se enmarca dentro de una serie de medidas adoptadas por el gobierno húngaro en los últimos años para regular contenidos y actividades vinculadas con la orientación sexual y la identidad de género. En 2021, el país promulgó una ley que prohíbe la difusión de material sobre diversidad sexual dirigido a menores de edad. A nivel internacional, estas disposiciones han sido objeto de análisis en foros como la Comisión Europea, que en 2022 presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de Hungría por presuntas vulneraciones al principio de no discriminación.

En los años recientes, múltiples Estados y organismos internacionales han instado al gobierno húngaro a revisar su marco normativo en esta materia. En 2023, más de 30 países emitieron un pronunciamiento en el que se exhortaba a Hungría a garantizar la protección de los derechos de las personas LGBTQ+ en su territorio.

Vea texto legislativo.