El gobierno de Estados Unidos ha instruido a la fiscal general Pam Bondi, a través de un nuevo memorando, para que inicie procedimientos disciplinarios y solicite sanciones contra abogados y estudios jurídicos que presenten demandas que no cumplan con los estándares de fundamentación jurídica exigidos por la normativa vigente. Esta directriz se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las Reglas de Conducta Profesional y la Regla Federal de Procedimiento Civil 11, las cuales establecen que las acciones legales deben contar con sustento probatorio y no estar motivadas por intereses ajenos a la legalidad.
El documento señala que ciertos profesionales del derecho han incurrido en prácticas que podrían ser contrarias a las normas éticas y procesales aplicables, particularmente en litigios contra el gobierno federal. En este sentido, enfatiza la necesidad de revisar la actuación de los abogados que representan casos de inmigración, en los cuales, según el memorando, existirían irregularidades que requieren una mayor supervisión. Asimismo, se dispone que cualquier conducta que no cumpla con los principios rectores de la profesión jurídica deberá ser reportada a las instancias disciplinarias correspondientes.
Entre las medidas previstas, la fiscal general deberá evaluar si la responsabilidad de los actos de abogados subordinados puede ser atribuida a los socios o a las firmas legales en las que prestan sus servicios. Adicionalmente, se dará prioridad a la investigación de aquellas conductas que puedan comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad del sistema electoral.
El memorando también contempla una revisión de la conducta de los profesionales del derecho que han intervenido en litigios contra el gobierno federal en los últimos ocho años. De encontrarse irregularidades, la fiscal general deberá recomendar medidas adicionales al presidente, las cuales podrían incluir la revisión de autorizaciones de seguridad otorgadas a los abogados involucrados o la suspensión de contratos federales con los despachos jurídicos implicados en acciones legales que no se ajusten a la normativa procesal.
Finalmente, el documento recalca la importancia de que los abogados y los bufetes de abogados “ejerzan su función conforme a los principios del Estado de derecho”. Para ello, establece que la fiscal general, en conjunto con el Asesor Jurídico del Presidente, deberá informar periódicamente sobre la implementación de mecanismos para garantizar que la práctica legal se mantenga dentro de los estándares de ética y legalidad exigidos por el ordenamiento jurídico.