Un grupo de fiscales generales de veintitrés Estados de Estados Unidos, junto con el fiscal general del Distrito de Columbia, interpuso una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) y su secretario, Robert F. Kennedy Jr. La acción, que fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Rhode Island, tiene como objeto impugnar la reducción de fondos federales destinados a programas de salud pública.
Según el escrito de la demanda, el HHS habrÃa procedido, a partir de marzo de 2025, a la cancelación de aproximadamente 11 mil millones de dólares en fondos previamente asignados a iniciativas sanitarias. Se alega que esta decisión fue adoptada de manera repentina y sin previo aviso, lo que generó efectos inmediatos en los programas financiados con dichos recursos.
La notificación de la terminación de los fondos habrÃa sido enviada a través de los portales de subvenciones y comunicaciones electrónicas, en algunos casos durante la noche. Se indica, además, que ciertos funcionarios estatales no tuvieron conocimiento de esta medida hasta su ingreso a sus respectivas oficinas el 25 de marzo.
El fundamento proporcionado por el HHS para justificar la cancelación de estos recursos se basa en el cese de la emergencia sanitaria vinculada a la pandemia de COVID-19. No obstante, los Estados demandantes sostienen que, pese a haber sido asignados en el contexto de la pandemia, los fondos en cuestión no estaban sujetos a una condición de finalización vinculada al término de la emergencia sanitaria. En consecuencia, los demandantes han solicitado al tribunal la emisión de una orden de restricción temporal que suspenda la aplicación de la medida mientras se resuelve el litigio.
En el marco de la presentación de la demanda, el fiscal general de Rhode Island, quien actuó como uno de los principales impulsores de la acción judicial, emitió una declaración en la que expuso los efectos que, a criterio de su oficina, podrÃan derivarse de la cancelación de los fondos. En particular, se mencionó que los programas estatales destinados a la inmunización infantil, la reducción de desigualdades en materia de salud y la capacidad para la realización de pruebas de laboratorio se verÃan directamente afectados por la medida adoptada por el HHS.
Asimismo, el Departamento de Justicia del Estado de California se pronunció en términos similares, advirtiendo sobre el impacto que la cancelación de los recursos podrÃa tener en la continuidad de programas dirigidos a poblaciones de alto riesgo y comunidades en situación de vulnerabilidad.