La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió anular una orden judicial federal que exigía la reincorporación de aproximadamente 16.000 empleados públicos despedidos por el gobierno de Trump, en el marco de las medidas adoptadas para reestructurar diversas agencias gubernamentales.
La decisión fue adoptada tras la presentación de una apelación de emergencia por parte del Ejecutivo. La mayoría del alto tribunal concluyó que las entidades demandantes, nueve organizaciones sin ánimo de lucro, carecían de legitimación activa para interponer la acción judicial correspondiente. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo con la decisión de intervenir en la medida cautelar.
La orden inicialmente emitida por un tribunal de distrito disponía la reincorporación de los empleados afectados pertenecientes a seis agencias distintas. No obstante, debido a la existencia de un procedimiento judicial paralelo en el estado de Maryland, la resolución no tiene efectos uniformes y permite, en algunos casos, que los trabajadores permanezcan en situación de licencia remunerada mientras continúa el litigio.
En su contestación a la apelación, las entidades demandantes sostuvieron que el cese de decenas de miles de funcionarios había sido ejecutado de forma contraria a la legalidad vigente, y que ello habría afectado el funcionamiento de determinados servicios públicos.
Por su parte, el Ejecutivo alegó que la orden del tribunal inferior suponía una intromisión indebida en las competencias del poder legislativo y del ejecutivo, vulnerando el principio de separación de poderes. Además, señaló que la decisión judicial excedía los límites de la jurisdicción del tribunal de distrito, al ordenar reincorporaciones masivas de personal federal.
Desde el inicio del mandato presidencial de Donald Trump, las demandas presentadas en relación con la reestructuración de agencias federales afirman que el número total de despidos alcanzaría aproximadamente a 24.000 empleados.
En otro procedimiento reciente, la Corte Suprema también revocó una medida cautelar que impedía la deportación de ciudadanos venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). En dicha resolución, la mayoría de la Corte sostuvo que la administración tenía facultades para proceder conforme a lo dispuesto en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, se estableció que las personas afectadas deben contar con la posibilidad de presentar su caso ante una autoridad judicial antes de ejecutarse la expulsión.