Una demanda colectiva presentada ante el Tribunal Federal de Australia, en representación de personas que alegan haber sufrido perjuicios tras inocularse vacunas contra el COVID-19, ha sido objeto de revisión judicial. El procedimiento fue iniciado por tres demandantes, actuando en nombre propio y de otros presuntos afectados, quienes reclaman indemnizaciones al gobierno federal por su actuación en la aprobación y promoción de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.
La magistrada analizó la quinta versión de la declaración de demanda, la cual consta de 819 páginas. Tras un examen preliminar del documento, la jueza determinó que no cumplía con los requisitos procesales necesarios para proceder, por lo que resolvió su rechazo en esta fase. En la resolución se indicó que el escrito presentaba deficiencias en cuanto a coherencia, precisión y especificidad.
Uno de los aspectos cuestionados fue la falta de desarrollo claro en relación con las imputaciones de negligencia y presunta mala conducta atribuidas al gobierno federal y a varios funcionarios públicos. La sección de la demanda dedicada a la supuesta «abuso de autoridad» se extendía a lo largo de 74 páginas, pero fue calificada como insuficiente en términos de detalle y conexión argumentativa.
A pesar de las observaciones formuladas, el tribunal otorgó a los demandantes la posibilidad de presentar una nueva versión de la demanda que subsane los defectos señalados. Simultáneamente, se rechazó la solicitud del gobierno federal de que los demandantes aportaran una garantía de 312.000 dólares para cubrir costes legales futuros, tras una oferta por parte de una empresa de asumir dicha garantía, incluso mediante una promesa personal.
El Tribunal valoró la propuesta de garantía ofrecida por la mencionada empresa, pero concluyó que no existían elementos probatorios suficientes sobre su situación financiera para otorgar peso jurídico a dicha promesa. Además, se señaló que los costes estimados del litigio podrían ascender a decenas o incluso cientos de millones de dólares en caso de continuar hasta su resolución definitiva.
El patrocinador principal de la acción colectiva es un médico radicado en Queensland, quien ha impulsado una campaña de financiación colectiva que ha recaudado más de 558.000 dólares, destinados a sufragar los costes legales asociados al caso.