La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió una orden judicial emitida por un tribunal de distrito federal en el caso NTPSA v. Noem, permitiendo la continuación del proceso de rescisión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos, según lo determinado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La secretaria del DHS, Kristi Noem, emitió en febrero de 2025 una notificación formal de rescisión del TPS que había sido previamente otorgado a ciudadanos venezolanos. Esta designación había sido realizada por el entonces secretario Alejandro Mayorkas en 2023, en el marco de la autoridad conferida por la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al secretario del DHS designar a un país extranjero para TPS si se constatan condiciones que impidan el retorno seguro de sus nacionales.
La determinación original de TPS autorizaba a las personas beneficiarias a residir y trabajar en los Estados Unidos, así como a la suspensión de procedimientos de remoción mientras el estatus se mantuviera vigente. Con la notificación de rescisión, distintas organizaciones, entre ellas la Alianza Nacional del TPS, interpusieron una demanda en sede judicial. El libelo alegaba posibles violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y disposiciones constitucionales, incluyendo la Quinta Enmienda.
Tras la interposición de la demanda, el tribunal de distrito emitió una orden de suspensión que impedía la ejecución de la rescisión. Posteriormente, el gobierno federal solicitó una suspensión de dicha orden ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que fue denegada. En respuesta, se presentó una solicitud de suspensión de emergencia ante la Corte Suprema, la cual fue concedida. La suspensión permanecerá vigente hasta que el Noveno Circuito emita una decisión sobre el recurso de apelación. En caso de que se interponga un recurso de certiorari ante la Corte Suprema, la suspensión concluirá al momento en que dicho tribunal decida no admitir el caso o emita una sentencia definitiva.
Este procedimiento judicial afecta a los beneficiarios del TPS otorgado a ciudadanos venezolanos en enero de 2023. No obstante, la notificación de rescisión emitida en 2025 no modifica el estatus de protección concedido en 2021 ni altera los derechos de otros grupos con TPS vigente, como los ciudadanos haitianos.