Prisión preventiva y presunción de inocencia. Tensiones, garantías y desafíos en un Estado de Derecho, por Javier Francisco García

En el marco de un Estado Democrático, Social y de Derecho, el derecho penal debe ser comprendido como una herramienta excepcional del sistema jurídico, destinada a la protección de bienes jurídicos fundamentales, pero siempre dentro de límites estrictos, regidos por principios y garantías que tutelan la dignidad humana. En este contexto, la prisión preventiva y la presunción de inocencia constituyen dos institutos jurídicos cuya relación ha sido objeto de un persistente y necesario debate doctrinario y jurisprudencial.

El principio de presunción de inocencia no es una simple cláusula formal: es la expresión más categórica del límite al poder punitivo del Estado. Garantiza que toda persona sometida a un proceso penal sea tratada como inocente hasta tanto una sentencia judicial firme declare su culpabilidad, basada en prueba suficiente y producida con todas las garantías del debido proceso. En consecuencia, constituye uno de los pilares esenciales del proceso penal acusatorio moderno.

Desde una perspectiva histórica, la presunción de inocencia tiene raíces profundas que se remontan al derecho romano. Su reconocimiento normativo contemporáneo se encuentra en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros tratados de jerarquía constitucional en la República Argentina (art. 75 inc. 22 CN). En todos estos textos se establece que el acusado “será considerado inocente mientras no se pruebe su culpabilidad” y que el Estado debe garantizar un juicio justo, público y en plazo razonable.