El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia resolvió una solicitud de desestimación en el marco de una demanda presentada por varios fiscales generales estatales contra Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). En su fallo de 42 páginas, autorizó la continuación del proceso respecto de algunos demandados, pero aprobó excluir al presidente Donald Trump como parte del proceso.
Los fiscales generales sostienen que el presidente habría delegado competencias gubernamentales a Musk y a DOGE sin seguir los procedimientos establecidos en la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. De acuerdo con los demandantes, dicha delegación se habría materializado en la entrega de facultades para ejecutar decisiones relativas al gasto público, la gestión de contratos federales, la disposición de bienes del Estado y la reorganización de agencias federales, sin la debida ratificación del Senado ni autorización legislativa.
En la resolución, el tribunal concluyó que los demandantes aportaron pruebas suficientes para considerar plausible que Musk ejerciera funciones propias de un funcionario del gobierno federal, pese a no haber sido nombrado conforme a los mecanismos constitucionales previstos. El tribunal señaló, en particular, que los hechos expuestos por los demandantes permiten presumir la existencia de una participación activa de Musk en decisiones administrativas sustantivas.
En cuanto a la exclusión del presidente Trump del proceso, adujo que el tribunal no puede imponer restricciones judiciales sobre el ejercicio de las funciones oficiales del titular del Poder Ejecutivo, conforme a los principios de separación de poderes y prerrogativas presidenciales reconocidas por la jurisprudencia federal.
Según se desprende de diversos documentos y registros públicos citados en la demanda, el propio Musk ha sido mencionado en reiteradas ocasiones por funcionarios como figura central en la conducción del equipo de DOGE. Asimismo, se hace referencia a reuniones periódicas en las que participaría y a declaraciones que lo vinculan con iniciativas de reorganización gubernamental. A pesar de que la defensa ha negado formalmente que Musk ostente cargos oficiales o tenga autoridad jurídica directa sobre DOGE, sus intervenciones públicas han sido citadas como elementos relevantes en el análisis del tribunal.
Entre los puntos de debate figura también la validez de las proyecciones de ahorro fiscal atribuidas a las actividades de DOGE. En diversos medios, Musk ha señalado que su participación ha contribuido a reducir “el despilfarro de recursos públicos”. No obstante, los montos mencionados han sido objeto de revisión, pasando de estimaciones iniciales de ahorro por valor de dos billones de dólares a una cifra significativamente inferior. Estas discrepancias forman parte de la argumentación de los demandantes sobre la naturaleza y alcance del poder ejercido.
Finalmente, la demanda incluye referencias a declaraciones recientes de Musk respecto de iniciativas legislativas impulsadas en el Congreso, en particular un proyecto de ley de gasto fiscal promovido por la mayoría republicana. El demandado expresó su desacuerdo con algunos aspectos de dicha legislación, destacando su potencial efecto sobre los objetivos de eficiencia perseguidos por DOGE. Estas declaraciones han sido incorporadas como evidencia complementaria para probar su influencia ejercida en asuntos de política pública.