La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que se documentan diversos ataques perpetrados por fuerzas armadas rusas mediante drones contra población y bienes civiles en Ucrania. La investigación se basó en testimonios de víctimas y testigos presenciales, así como en el análisis de material audiovisual proveniente de canales de comunicación asociados a actores rusos.
Conforme al documento, entre los meses de junio y diciembre de 2024 se habrían registrado al menos 45 ataques dirigidos mediante drones, con un saldo aproximado de 30 personas fallecidas y cerca de 500 heridas. La mayoría de estos hechos se habría producido en zonas residenciales y sectores no involucrados directamente en hostilidades.
El informe describe el empleo de aeronaves no tripuladas de tipo comercial, modificadas para ser utilizadas con fines bélicos. Asimismo, señala que los operadores de estos dispositivos dispondrían de cámaras que les permitirían visualizar en tiempo real sus objetivos, lo cual sería relevante para evaluar la intencionalidad de los ataques.
Además de los daños a la integridad física de civiles, el informe consigna la afectación a infraestructura esencial y servicios básicos, tales como centros de salud, ambulancias, supermercados, vehículos de distribución de productos agrícolas, transporte público y otros bienes de carácter no militar. Se indica que, producto de estos ataques, amplios sectores de la población local habrían debido abandonar la zona, permaneciendo principalmente personas de avanzada edad o con movilidad reducida.
De acuerdo con HRW, estos hechos configurarían infracciones graves al derecho internacional humanitario, particularmente a lo dispuesto en el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. La organización califica las conductas descritas como posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El texto concluye con un llamado a la comunidad internacional para que se promuevan mecanismos efectivos de responsabilidad jurídica por las conductas señaladas, incluyendo la posibilidad de investigar y sancionar a los responsables conforme al derecho penal internacional. Asimismo, se plantea la necesidad de establecer regulaciones preventivas sobre el uso de drones comerciales en contextos de conflicto armado, en colaboración con el sector privado.
Por último, se hace referencia a un informe paralelo elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, en el cual se consignan hallazgos concordantes respecto del empleo de aeronaves no tripuladas contra objetivos civiles en la región de Jersón (Ucrania).