Transporte público
Senadores proponen extender suspensión de inscripción de taxis colectivos hasta 2033
Iniciativa extiende la suspensión de inscripciones de taxis colectivos por 8 años más, desde noviembre de 2025, para abordar desafíos como el desequilibrio territorial, la falta de integración al sistema de transporte público y la precarización económica del sector, y promover un marco normativo integral que ordene el sistema y fomente la transición hacia vehículos menos contaminantes

La moción, presentada por los senadores Karim Bianchi, Juan Luis Castro, Alejandro Kusanovic y Enrique Van Rysselberghe, propone suspender la inscripción de taxis colectivos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, por el plazo que indica.
Exponen los autores de la moción que el servicio de taxis colectivos, que surge a mediados del siglo XX amplió la cobertura del transporte público a zonas periféricas y rurales, y ofrece una solución accesible y flexible para millones de chilenos. No obstante, ha experimentado un crecimiento acelerado y desregulado desde la década de 1990, hasta que, en 1998, la Ley N° 19.593, suspendió nuevas inscripciones en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajero, lo que se ha prorrogado sucesivamente, siendo la Ley N° 21.286 (2020) la última que extendió el congelamiento hasta el 15 de noviembre de 2025, por sobreoferta de vehículos, competencia desleal entre operadores, deterioro de la calidad del servicio y falta de ordenamiento claro de la actividad, problemas estructurales del sector que persisten y se han agravado, todo lo cual justifica una nueva suspensión.
Añaden como razones para mantener la suspensión de nuevas inscripciones de taxis colectivos el desequilibrio territorial por un sobredimensionamiento en algunas regiones, cobertura insuficiente en otras zonas y riesgo de agravar asimetrías con una apertura sin criterios técnicos. La falta de integración al sistema de transporte público por la no incorporación formal en planes de movilidad urbana y regional y ausencia de coordinación con otros modos de transporte. La precarización económica y social del sector debido a una rentabilidad decreciente para operadores actuales y riesgo para la viabilidad económica de miles de familias. El impacto urbano y ambiental por el potencial aumento de congestión vial y contaminación, en contradicción con compromisos de descarbonización y movilidad sostenible. Finalmente, por la falta de implementación de políticas públicas debido al retraso en subsidios y programas de modernización y a la necesidad de herramientas de desarrollo y transición.
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