Delitos contra la vida privada en la era de la Inteligencia Artificial: ¿es suficiente la respuesta penal?

Uno de los fenómenos más preocupantes lo constituyen los denominados deepfakes, esto es, audios, imágenes o videos manipulados mediante algoritmos de aprendizaje profundo que logran recrear con verosimilitud absoluta situaciones que jamás ocurrieron. Hoy en día, estas técnicas permiten clonar voces en tiempo real, falsificar videollamadas o difundir contenidos íntimos sin consentimiento, todo ello con un acceso cada vez más barato y al alcance de ciberdelincuentes.

La moción iniciada por el senador Francisco Chahuán, que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas de los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia cometidos con el empleo de Inteligencia Artificial, puede ser una respuesta para atacar esta nueva realidad delictiva.

Si bien postula un endurecimiento de las penas para quienes cometan delitos contra la vida privada —contemplados en los artículos 161 A, 161 C y 161 D del Código Penal— mediante el empleo de herramientas de inteligencia artificial, aumentando en un grado las sanciones cuando estas tecnologías se utilicen para captar, manipular o difundir información sin autorización, es legítimo preguntarse si es suficiente para enfrentar a este creciente fenómeno delictivo.