Corte Suprema confirma condena de 3 años y un día por tráfico de más de un kilo de marihuana en Santiago

La Corte Suprema rechazó recurso de nulidad presentado por la defensa del acusado en contra de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que lo condenó a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, con cumplimiento efectivo, accesorias legales, al pago de una multa a beneficio fiscal de 4 UTM y de las costas de la causa, en calidad de autor del delito consumado de tráfico de drogas, cometido en mayo de 2024, en la comuna de Santiago, al descartar infracción al debido proceso al quedar acreditado el grado de pureza de la droga incautada.

La defensa sostuvo que la sentencia aplicó erróneamente la ley, invocando la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal. Señaló que se habían aplicado de manera equivocada normas de la Ley 20.000, del Código Penal y de la Constitución, ya que fue condenado por una conducta que no cumplía con el requisito de “antijuridicidad material”, es decir, que no se probó que la sustancia incautada tuviera la peligrosidad necesaria para ser considerada delito. Explicó que en el juicio no se determinó el grado de pureza de la marihuana incautada, lo que —a su juicio— impedía concluir que fuera capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

La defensa argumentó que el artículo 43 de la Ley 20.000 exige que el Servicio de Salud envíe un protocolo de análisis químico donde se detalle el peso, naturaleza, composición y grado de pureza de la sustancia, además de un informe sobre sus componentes tóxicos y su peligrosidad para la salud pública. Al no haberse acreditado la pureza, se habría vulnerado el principio de lesividad, que limita el poder punitivo del Estado y exige que exista un daño o peligro concreto.

Por ello, pidió que se anulara la sentencia y se dictara otra que absolviera al acusado.

Como segunda causal, también por errónea aplicación del derecho, sostuvo que los hechos debieron calificarse como cultivo o cosecha de cannabis (art. 8 de la Ley 20.000) y no como tráfico (art. 3), lo que habría significado una pena menor.

Finalmente, como tercera causal subsidiaria, alegó que el tribunal se equivocó al negar la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, regulada en la Ley 18.216, basándose —según indicó— únicamente en la situación migratoria irregular del condenado, sin analizar otros requisitos como su personalidad, conducta anterior y posterior al delito y posibilidades de reinserción social.

El tribunal de juicio oral tuvo por acreditado que el 3 de mayo de 2024, cerca de las 20:20 horas, en la intersección de avenida Manuel Antonio Matta con avenida Viel, en Santiago, el acusado fue sorprendido por Carabineros portando una bolsa con aproximadamente 1.022 gramos de marihuana. Al ser controlado, intentó huir, pero fue alcanzado por los funcionarios.