Corte de Santiago confirma multa de 11.000 UTM a Abastible por facturación irregular de gas

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por Abastible S.A. en contra de resoluciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que le impusieron una multa de 11.000 UTM por infracciones a la normativa de facturación del servicio de gas, relacionadas con la emisión de boletas fuera de los plazos reglamentarios y con la utilización de consumos estimados sin acreditar causa habilitante.

La empresa reclamante sostuvo que las resoluciones sancionatorias eran ilegales y arbitrarias, por cuanto la SEC habría interpretado erróneamente los artículos 44, 48 y 50 del Decreto Supremo N°67, sancionando períodos de facturación que, a su juicio, podían extenderse considerando días hábiles adicionales. Alegó, además, que la autoridad exigió indebidamente acreditar las causas no imputables que justificaban la facturación provisoria y que se aplicaron multas desproporcionadas, al calificar las infracciones como gravísima y grave sin atender a las medidas correctivas adoptadas ni a la ausencia de beneficio económico.

La SEC, por su parte, solicitó el rechazo del reclamo, afirmando que las sanciones se dictaron en ejercicio regular de sus potestades fiscalizadoras y sancionatorias, conforme a la Ley N°18.410 y al Decreto Supremo N°67. Indicó que se constató objetivamente que 64.155 clientes (44%) fueron facturados por períodos superiores al máximo reglamentario y que en 13.632 casos (4,1%) se utilizaron consumos estimados sin cumplir el requisito de especificar una causa no imputable. Añadió que los descargos de la empresa no acreditaron cumplimiento oportuno de sus obligaciones y que la cuantía de la multa se determinó ponderando el número de usuarios afectados, la gravedad de la conducta y la capacidad económica de la infractora.

La Corte desestimó el reclamo y concluyó que no se configuraban las ilegalidades denunciadas. En particular, sostuvo que la interpretación correcta de la normativa exige que los plazos de facturación se cuenten en días corridos y que corresponde a la distribuidora acreditar el cumplimiento de las reglas que rigen un mercado regulado, señalando que “el deber de facturación en tiempo y forma es consustancial a su calidad, tratándose de un bien básico de consumo cuya continuidad y accesibilidad deben ser aseguradas por el prestador del servicio”.