Corte Suprema revoca fallo que ordenó reintegro de funcionaria del Gobierno Regional del Maule y rechaza recurso de protección

La Corte de Talca acogió el recurso de protección. En su sentencia, el tribunal señaló que la prórroga de la contrata para el año 2025 no contenía la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, circunstancia que estimó relevante para efectos de analizar la facultad de la Administración para poner término anticipado al vínculo laboral.

Asimismo, la Corte estimó que no existían antecedentes que permitieran cuestionar la idoneidad profesional de la funcionaria. Consideró que sus evaluaciones y desempeño no justificaban la decisión de desvincularla, calificando el acto administrativo como discriminatorio.

La sentencia también abordó el derecho de propiedad sobre la estabilidad en el cargo. Los magistrados señalaron que, si bien los funcionarios a contrata no tienen propiedad sobre el cargo, sí cuentan con un derecho a la estabilidad durante la vigencia del nombramiento. En ese sentido, concluyeron que la decisión del Gobierno Regional vulneraba dicho derecho.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones ordenó dejar sin efecto la Resolución Exenta, disponiendo el reintegro inmediato de la recurrente a sus funciones y el pago de las remuneraciones correspondientes al período en que permaneció separada del cargo.

Apelada esta decisión, la Corte Suprema revocó el fallo en alzada y rechazó el recurso de protección.

El máximo tribunal señaló, en primer término, que el principio de confianza legítima —que busca reconocer cierta estabilidad a los funcionarios a contrata— se aplica a quienes han desempeñado el cargo de forma ininterrumpida durante cinco años o más. Este plazo, indicó, resulta prudente para que la Administración evalúe de manera integral el desempeño del funcionario y la necesidad de mantener el cargo.

En el caso concreto, la Corte Suprema constató que la recurrente contaba con menos de dos años de servicios, por lo que no se configuraban los presupuestos para invocar el principio de confianza legítima. En consecuencia, la Administración mantenía su facultad de poner término anticipado a la contrata, siempre que la decisión estuviera debidamente fundada.

En relación con la motivación del acto administrativo, el tribunal sostuvo que la Resolución Exenta expresaba fundamentos fácticos claros. En particular, destacó que la decisión se sustentaba en la necesidad de contar con perfiles profesionales específicos para la División de Fomento e Industria, los cuales no coincidían con la formación profesional de la recurrente.

Asimismo, la Corte precisó que el deber de motivación no exige una fundamentación exhaustiva, sino la expresión suficiente y coherente de las razones que permiten comprender el razonamiento seguido por la autoridad, descartando así la existencia de arbitrariedad.

Respecto de la ausencia de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” en el acto de prórroga de la contrata, el máximo tribunal estimó que dicha circunstancia carecía de relevancia jurídica. Argumentó que tal omisión no transforma el empleo en uno de planta ni otorga al funcionario una inamovilidad de la que legalmente carece, salvo que se encuentre amparado por el principio de confianza legítima.

En definitiva, la Corte Suprema concluyó que en el caso no se advertía ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto no concurrían los presupuestos del principio de confianza legítima y la decisión administrativa se encontraba debidamente fundada en las facultades discrecionales de gestión de personal de la autoridad.

Vea sentencias Corte Suprema Rol N°33184-2025 y Corte de Talca Rol N°227-2025 (Protección).