Delitos de lesa humanidad
Corte Suprema invalida de oficio fallo que rebajó indemnización por falta de fundamentos y restablece monto original
El tribunal anuló la sentencia de la Corte de Santiago por carecer de motivación suficiente y confirmó indemnización de $40 millones por responsabilidad del Estado en violaciones a derechos humanos
La Corte Suprema invalidó de oficio la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que había reducido de $40 millones a $10 millones la indemnización otorgada a una víctima de la dictadura en un juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, al estimar que el fallo carecía de fundamentación suficiente para justificar dicha rebaja.
En primera instancia, el Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios, rechazando las excepciones del Fisco de Chile y lo condenó al pago de $40 millones por daño moral, más reajustes e intereses, sin costas.
Sin embargo, la Corte de Santiago confirmó la sentencia, pero redujo el monto a $10 millones, modificando además el régimen de reajustes e intereses, decisión que fue impugnada por la parte demandante mediante recurso de casación en el fondo.
Al analizar el recurso, la Corte Suprema advirtió que este no cumplía con los requisitos formales exigidos por el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, al no precisar de qué manera las normas invocadas habrían sido infringidas ni cómo ello influía en lo resolutivo del fallo.
No obstante, el máximo tribunal detectó de oficio un vicio formal en la sentencia de segunda instancia, al constatar que esta no contenía consideraciones suficientes que explicaran la decisión de reducir el monto indemnizatorio, limitándose a formular afirmaciones generales sobre la dificultad de cuantificar el daño moral y la necesidad de proporcionalidad, sin desarrollar un razonamiento concreto que permitiera comprender la rebaja.
En este sentido, la Corte señaló que la fundamentación de las sentencias constituye una garantía esencial para evitar la arbitrariedad, pues permite conocer los motivos que sustentan la decisión judicial, lo que en este caso no se cumplió, configurándose el vicio contemplado en el artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, el tribunal invalidó de oficio el fallo de la Corte de Apelaciones y dictó sentencia de reemplazo, en la que confirmó íntegramente la decisión de primer grado, manteniendo la indemnización de $40 millones.
En el fallo de reemplazo, la Corte Suprema rechazó los argumentos del Fisco relativos a la existencia de una reparación integral previa a través de beneficios otorgados por leyes reparatorias, precisando que estos tienen carácter asistencial y no excluyen la posibilidad de demandar indemnización por daño moral, conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Asimismo, descartó la excepción de prescripción, señalando que en casos de violaciones a los derechos humanos no resultan aplicables las normas del derecho interno sobre prescripción, atendido el carácter imprescriptible de las acciones vinculadas a estos hechos, conforme a normas de ius cogens y a la obligación del Estado de garantizar una reparación íntegra.
Finalmente, el tribunal estimó que el monto fijado en primera instancia resulta proporcional al daño acreditado, considerando los antecedentes del caso y los elementos probatorios no controvertidos, confirmando la indemnización y disponiendo que esta se reajuste conforme al IPC y devengue intereses desde la mora.
La decisión fue adoptada con voto en contra de dos integrantes, la Ministra Gajardo y la Abogada Integrante Tavolari, quienes estimaron que no se configuraban los requisitos para invalidar de oficio la sentencia de segunda instancia.
Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº11.558-2024, Corte de Santiago Rol Nº16.043-2023 (Civil) y del Segundo Juzgado Civil de Santiago Rol C-9677-2021.
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