Multa de 500 UF a Isapre Cruz Blanca por retraso en pago de prestaciones médicas se confirma por Corte de Santiago

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de reclamación interpuesto por Isapre Cruz Blanca S.A. en contra de la Superintendencia de Salud, confirmando la multa de 500 UF aplicada a la entidad por incumplimientos en los plazos de tramitación y pago de Programas de Atención Médica (PAM), al estimar que la sanción se ajustó a derecho y resultó proporcional a la infracción constatada.

La reclamante sostuvo que la resolución impugnada era ilegal, alegando el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, por cuanto entre la formulación de cargos y la dictación de la sanción transcurrió un plazo superior a un año y seis meses, excediendo el término previsto en la Ley N°19.880. Añadió que dicha demora vulneró los principios de celeridad, conclusivo y economía procedimental, así como el principio de escrituración. Asimismo, cuestionó la proporcionalidad de la multa, argumentando que el número de casos infraccionales fue incorrectamente determinado y que en algunos de ellos existían errores atribuibles a prestadores, lo que justificaba demoras en la tramitación.

Por su parte, la Superintendencia de Salud solicitó el rechazo del reclamo, alegando, en primer término, su inadmisibilidad, y en subsidio, defendiendo la legalidad del procedimiento sancionatorio. Indicó que la fiscalización acreditó incumplimientos en 28 casos respecto del plazo máximo de 60 días para otorgar cobertura a los PAM, y que la sanción se impuso dentro de sus facultades legales. Sostuvo además que la figura del decaimiento no se encuentra contemplada en la normativa vigente y que los plazos administrativos no tienen carácter fatal.

Al analizar el caso, la Corte de Santiago recordó que el reclamo del artículo 113 del DFL N°1 de 2005 constituye un mecanismo de control de legalidad de los actos administrativos, destinado a verificar su conformidad con el ordenamiento jurídico.

En cuanto a la alegación de decaimiento del procedimiento, el tribunal la desestimó, señalando que el plazo previsto en la Ley N°19.880 no contempla una sanción por su incumplimiento, tratándose de términos no fatales. En ese sentido, precisó que “no establece una sanción para el caso que ello no ocurra y, por el contrario, se trata de plazos no fatales cuyo incumplimiento sólo genera la responsabilidad administrativa correspondiente”.