Recurso de protección pierde oportunidad si la deuda que motivó la cobranza ya fue pagada, resuelve Corte Suprema

La Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por un particular en contra de la Empresa Forum Servicios Financieros por las cobranzas prejudiciales de una deuda que posteriormente fue pagada, al concluir que se produjo la pérdida de oportunidad del recurso de protección, pues al momento de resolver ya no existía una cautela urgente que adoptar para resguardar los derechos del recurrente.

El recurrente sostuvo que, desde marzo de 2025, comenzó a recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto y WhatsApp de parte de la empresa recurrida o de agentes vinculados a ella, mediante los cuales se le exigía el pago de un crédito automotriz que, según afirmó, no se encontraba en mora. Alegó que la reiteración de estas comunicaciones constituyó un hostigamiento que afectó su integridad psíquica, honra y protección de sus datos personales, por lo que solicitó que se ordenara poner término a las gestiones de cobranza y a toda comunicación desproporcionada.

La recurrida solicitó el rechazo del recurso, al sostener que los hechos denunciados no habían sido acreditados y que las gestiones realizadas correspondían al ejercicio legítimo de sus facultades de cobranza. Alegó que la controversia debía ser conocida conforme al procedimiento especial previsto en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que no se acreditó una afectación a las garantías constitucionales del recurrente y que la solicitud de prohibir toda comunicación impedía el legítimo ejercicio de sus facultades de cobro. Asimismo, sostuvo que la deuda ya había sido solucionada, por lo que habría desaparecido el vínculo entre las partes y el recurso habría perdido oportunidad.

La Corte de Santiago estableció que, durante la vigencia del crédito, la empresa realizó gestiones de cobranza extrajudicial y otras que calificó como “recordatorias”, mediante correos electrónicos y mensajes enviados al recurrente. Si bien estimó que no podía atribuirle las llamadas telefónicas denunciadas, consideró acreditada la reiteración y frecuencia de los restantes contactos, incluso antes de que existiera mora, concluyendo que configuraron un hostigamiento que excedió una gestión legítima de cobro y afectó la tranquilidad e integridad psíquica del recurrente. Asimismo, descartó que la existencia de un procedimiento especial en materia de consumo impidiera recurrir de protección cuando existe una afectación directa de garantías constitucionales.

El tribunal calificó la conducta de la empresa como arbitraria e ilegal, al estimar que la insistencia y frecuencia de las comunicaciones resultaban desproporcionadas y carentes de razonabilidad, vulnerando las garantías de integridad psíquica y honra del recurrente. En consecuencia, acogió el recurso con costas y ordenó a la recurrida cesar las comunicaciones de cobranza extrajudicial que excedieran la frecuencia y modalidades permitidas por la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, así como cualquier otra comunicación que constituyera hostigamiento o acoso.