Libertad y Desarrollo propone reformar el empleo público y avanzar hacia un sistema basado en mérito y desempeño

Una dificultad similar existiría en las evaluaciones individuales de los funcionarios. Aunque la legislación contempla mecanismos de desvinculación por desempeño deficiente, el estudio sostiene que éstos rara vez se utilizan debido a la concentración de las calificaciones en las categorías superiores.

El análisis identifica además diferencias entre trabajadores públicos y privados en materia de protección frente al desempleo. Los funcionarios públicos no cotizan en el Seguro de Cesantía ni pueden acceder a sus prestaciones, aunque el Estatuto Administrativo contempla una indemnización en determinadas hipótesis. Según el documento, esta menor protección frente a la pérdida del empleo ha contribuido a que las desvinculaciones dentro del Estado sean especialmente complejas.

Frente a este diagnóstico, LyD revisa distintos estudios elaborados durante los últimos años y destaca que existe un grado importante de coincidencia tanto respecto de los problemas como de las posibles soluciones. Como principio general, plantea diferenciar entre Gobierno y Estado: mientras el primero está integrado por autoridades encargadas de ejecutar un determinado programa político durante un período, el segundo descansa en funcionarios permanentes que implementan políticas públicas y prestan servicios a la ciudadanía más allá de los ciclos electorales.

A partir de esa distinción, los estudios revisados coinciden en avanzar hacia una mayor unificación de las modalidades de contratación y fortalecer la carrera funcionaria en sus etapas de ingreso, promoción y salida. Para la mayoría de los funcionarios estatales se propone un sistema único de concursos administrado por el Servicio Civil, basado en el mérito y las aptitudes, con procedimientos transparentes y públicos y con una justificación previa de la necesidad de crear nuevos cargos.

El modelo también debería facilitar la movilidad horizontal entre distintos servicios públicos y la promoción vertical dentro de una misma institución. Distinto sería el tratamiento de los cargos de mayor jerarquía vinculados directamente al Gobierno, como ministros, jefes de gabinete, encargados de prensa y asesores, respecto de los cuales la confianza política constituye un elemento esencial. Según las propuestas revisadas, estos puestos deberían representar una proporción acotada del empleo público y terminar cuando concluya el nombramiento de la autoridad superior de la cual dependen.

Otra línea de reforma apunta a modificar las causales de desvinculación para permitir que el mal desempeño produzca consecuencias efectivas. Esto requeriría, a su vez, un sistema de evaluación capaz de distinguir realmente entre distintos niveles de rendimiento. La mayoría de los estudios examinados propone avanzar hacia evaluaciones relativas, cuyos resultados tengan efectos concretos en la carrera funcionaria.

Bajo ese esquema, quienes obtengan mejores evaluaciones podrían acceder a beneficios como prioridad en concursos públicos o incentivos económicos, mientras que eventuales procesos de desvinculación deberían comenzar por los funcionarios con peores resultados. Si se reforman adecuadamente esos mecanismos, los estudios también coinciden en avanzar hacia alguna forma de protección frente al desempleo semejante al Seguro de Cesantía existente en el sector privado, adaptada a las particularidades del empleo público.

Asimismo, se plantea centralizar las estadísticas sobre empleo público en una sola entidad, reuniendo información que actualmente se encuentra distribuida entre la DIPRES, la Contraloría General de la República y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, de manera de disponer de datos que comprendan desde el nivel municipal hasta el Gobierno Central.

Finalmente, LyD sostiene que la nueva Comisión tiene la ventaja de comenzar su trabajo contando con diagnósticos y propuestas elaborados durante años anteriores. Sin embargo, advierte que su mandato se concentra en quienes trabajan en el Gobierno Central, por lo que posteriormente deberían abordarse otras materias.

Entre ellas menciona el perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, especialmente respecto de la permanencia de directivos de buen desempeño seleccionados mediante ese mecanismo; una reforma al empleo municipal, que comprende alrededor de 450 mil funcionarios; y la revisión de los marcos regulatorios aplicables al personal de la salud y la educación estatal, sectores que constituyen frecuentemente el vínculo más directo entre los ciudadanos y el Estado.

Vea Informe “Lineamientos para la reforma al empleo público”.